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Un 85% aumentaron las denuncias y casos por homofobia y transfobia en la región del Biobío


*A nivel nacional el aumento fue mucho menor, del 28,6%. La región del Biobío concentró además el más alto número de atropellos de su historia, con el 8% del total nacional.

*Así lo reportó el XV Informe Anual de los Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género, el texto más citado sobre las realidad de las personas lesbianas, gay, bisexuales, transexuales e intersexuales en Chile

EL 2016 fue el “año de los cambios multisectoriales en materia de igualdad de derechos y no discriminación” para la población lésbica, gay, bisexual, transexual e intersexual (LGBTI) de Chile, en tanto hubo avances en los tres poderes del Estado, así como en los planos socioculturales y políticos, sin embargo, el proceso está cruzado por un aumento significativo de los casos y denuncias por homofobia y transfobia, lo que el plano internacional fue especialmente extremo con la tragedia de Orlando.

La constatación es parte del XV Informe anual de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género, texto elaborado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) y que se ha convertido en la principal fuente de organismos nacionales e internacionales para conocer  la realidad y estadísticas de las personas LGBTI en Chile, siendo citado en investigaciones de la ONU, la OEA, embajadas,  de los tres poderes del Estado y de universidades, entre otros.

Casos de discriminación y Biobío

Un total de 332 casos o denuncias por homofobia o transfobia ocurrieron en 2016 en todo Chile,  un incremento del 28,6% en relación al año precedente.

A nivel nacional, los casos se dividieron en 4 asesinatos; 40 agresiones físicas o verbales perpetradas por desconocidos, 3 atropellos policiales, 32 abusos laborales y 13 educacionales, 37 campañas homo/transfóbicas, 79 exclusiones institucionales, 19 negaciones de productos o servicios, 56 agresiones comunitarias (familia, amigos, vecinos), 48 discursos de odio y 1 hecho de discriminación en los medios.

A nivel regional destaca que el Biobío alcanzó el número más alto de denuncias y casos por homofobia y transfobia de su historia, con un total de 26 atropellos, lo que implica un incremento del 85% en comparación al año precedente.

Los abusos ocurrieron en Concepción, Coronel, Curanilahue, Los Ángeles, Penco, Talcahuano y Yumbel, los que en su conjunto concentraron el 8% del total de atropellos a nivel nacional, el tercero del país, tras las regiones Metropolitana y de Valparaíso.

“Hay una diferencia con Valparaíso y Santiago, pues en el Biobío los abusoS aumentaron no porque exista más discriminación, sino porque cada vez son más las personas que se atreven a reportar los atropellos gracias a una mayor visibilidad de nuestros derechos y a una mayor apertura de los medios  de comunicación y de las autoridades. En otras palabras estamos pasando de un momento donde nadie denunciaba a otro donde se están atreviendo a hacerlo”, indicó el Movilh-Biobío.

Añadió que “así es como Biobío aparece en el 2016 como una región que marcó hitos positivos, como lo fueron la aprobación de la ordenanza municipal contra la discriminación en Concepción y la iluminación del palacio consistorial con los colores del arcoíris. A esto se suman fallos favorables a las parejas del mismo sexo sin vínculo legal, como fue el caso de lo ocurrido a Wladimir Urrutia, quien pudo decidir donde sepultar a su pareja, pese al rechazo homofóbico del difunto”

“Estos hechos, motivados por la lucha del movimiento Lgbti regional, animan a las personas a denunciar”, indicó Movilh-Biobío.

 

Cifras a nivel nacional

En el plano nacional, los crímenes de odio aumentaron un 33%, sumando 4 los homicidios, mientras que los abusos policiales pasaron de 0 en el 2015  a 3 en 2016.

En tanto, las denuncias por homo/transfobia laboral y comunitaria (familia, amigos, vecinos) aumentaron un 100% y un 80,6%, “un reflejo de un mayor empoderamiento para la exigencia de derechos en espacios que suelen ser difíciles, pues tienen el denominador común de generar cierta dependencia económica y/o afectiva entre la víctima y los victimarios”, señala el informe

La investigación añadió que el aumento de casos y denuncias se relacionó “además con una intensificación de las acciones de las autoridades ultraconservadoras para boicotear a nivel institucional la tramitación de la Ley de Identidad de Género, así como por la intolerancia frente al Acuerdo por la Igualdad sellado entre el Estado y el Movimiento LGBTI. “Sin ir más lejos, las denuncias por homo/transfobia institucional; es decir aquella discriminación que busca limitar derechos en reglas, leyes, o políticas; subieron un 139% respecto al 2015”

El estudio destacó que por “primera vez en 12 años las personas transexuales y lesbianas denunciaron más abusos que los gays, concentrando el 28%, el 24%  y el 23% del total de casos, en forma respectiva. En tanto, el 25% de los atropellos afectó a la diversidad sexual y de género como conjunto.

“En el caso de la población trans el incremento se explica porque está exigiendo derechos en lugares donde antes se auto-marginaba  por la discriminación; como la educación y el trabajo; un fenómeno incipiente que seguirá enfrentándose a las diversas barreras transfóbicas, siendo esperable nuevos aumentos de denuncias en los próximos años”, redondea el estudio.

“La población lésbica, en tanto, incrementó sus denuncias en todos los planos, especialmente en los espacios laborales, educacionales y familiares, existiendo un mayor y más sólido empoderamiento en derechos, situación que merma la brecha con los hombres gays en lo referente al reporte de los atropellos”, indica la investigación

Si bien es cierto en buena parte de los 332 atropellos del 2016 los responsables fueron los mismos sectores ultra-conservadores de siempre , “en el año lamentablemente hubo abusos en nuevos espacios”

“Así por ejemplo se conoció de torturas sistemáticas en Gendarmería de Chile, de abusos coyunturales de discriminación laboral en el CNCA del Maule y de violencia contra una madre en una Casa de Acogida financiada por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, situaciones que chocan con los avances y demuestran la incapacidad de ciertos agentes estatales para hacer frente a la homofobia y transfobia y para tener como primera consideración la protección de las víctimas”, sostiene la investigación.

Pese a lo expuesto, el Estado mayoritariamente efectuó un correcto abordaje de los casos puntuales de discriminación, al colaborar activamente a través del Ministerio del Interior con el movimiento LGBTI en la entrega de ayuda y orientación a la casi totalidad de las víctimas del 2016, situación inédita.

Del total de casos y denuncias del 2016, fueron responsables 58 instituciones y 301 personas.

A nivel institucional, el Ranking 2016 de la Homofobia y la Transfobia lo encabeza Gendarmería, seguido por la UDI, la Clínica Alemana y la Clínica Alemana de Temuco; la Municipalidad de Talca, la Casa de Acogida para Mujeres Víctimas de Violencia Intramiliar Rebeca Ergas,  el Regimiento Brigada Acorazada La Concepción, de Antofagasta; la Primera Comisaría de Carabineros de Concepción,  la 55 Comisaría de Pudahuel, el CNCA-Maule, la Sociedad Chilena de Endocrinología y Diabetes (Soched), el Colegio Guardiamarina Ernesto Riquelme de Ovalle y la Escuela El Porvenir de Zapallar (Curicó), entre otros.

A nivel personal, el Ranking es encabezado por Juan Carlos Altamirano Matus, Constanza Andrea Opazo Rondanelli, Marcos Antonio Arenas Fariña, Iván Astoga Astorga y Yefferson Semmler Semmler (homicidas), seguidos por los/as  senadores/as Jacqueline Van Rysselberghe, Iván Moreira, Manuel José Ossandón, Andres Allamand y Francisco Chahuán, entre otros.

Los avances multisectoriales

Durante el 2016 se registraron 69 hitos  pro igualdad LGBTI, entre esos los más fructíferos en el Poder Judicial, el más relevante a nivel estatal y los más amplios en el terreno legislativo, con especial impacto en los derechos de las familias homoparentales, de las personas trans, de los/as trabajadores/as, así como los más significativos avances en temas de adopción y matrimonio igualitario.

En efecto, el Servicio Nacional de Menores (Sename) hizo historia al conocerse que por primera vez había declarado idónea para adoptar a una pareja del mismo sexo, Catalina Franco y Cristina Poblete, mientras que el Estado firmó el Acuerdo por la Igualdad con el Movilh, con la mediación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIHD). “Con tal acuerdo, el Estado reconoce que se vulneran derechos humanos al prohibirse el matrimonio igualitario, al tiempo que asume como un compromiso la aprobación de esa norma, así como de todas las leyes y políticas públicas demandadas por la diversidad sexual y de género, incluidas las que permitan la adopción a las parejas del mismo sexo”, sostiene el estudio.

Los tribunales marcaron hitos al sentar claros e inequívocos precedentes respecto a que para la crianza de los hijos o hijas en nada importa la orientación sexual de los padres o madres

Una sentencia del Juzgado de  Familia de San Miguel  entregó el cuidado (hasta ahora temporal)  de una niña a su madre de crianza, Jacqueline Díaz,  pese al rechazo de su ex pareja, la progenitora, y del padre de la menor. Similar suerte corrió en el mismo tribunal Scarlett Tapia, madre de crianza de dos niños/as. Ambas casos abrieron la puerta de los tribunales a la adopción homoparental.

Más aún, por primera vez hubo un alegato en el Poder Judicial sobre el matrimonio igualitario y en forma inédita se discutió sobre tal ley en el Congreso Nacional.

A la par, un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago si bien rechazó un recurso a favor del matrimonio igualitario, hizo un guiño al Tribunal Constitucional español por haberlo legalizado, poniendo el caso como ejemplo para Chile.

Si el 2015 había sido  declarado el “año de la Justicia”, porque se registró el número más alto de fallos a favor de la personas LGBTI, con 6 pronunciamientos, el  2016 la situación mejoró,  sumando 15 sentencias.

A los dos fallos del Juzgado de Familia de San Miguel a favor de la crianza homoparental, se sumó otro de la Corte de Apelaciones de Temuco que reconoció los derechos de una pareja del mismo sexo sin vínculo legal, así como 5 sentencias a favor de la identidad de género dictadas por  la Corte de Apelaciones de Santiago, la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones de Concepción y dos de la Corte de Apelaciones de Iquique

A la par, hubo otros 6 fallos contra la discriminación laboral, el mayor número conocido a la fecha a favor de los trabajadores/as LGBTI. Estos, fueron  dictados por el 12 Juzgado Civil de Santiago, la Corte de Apelaciones de Santiago, la Corte de Apelaciones de Talca, la Corte Suprema, el Juzgado de Letras del Trabajo de Talca y el Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco, más una sentencia de la Contraloría General de la República.

Suma y  sigue: la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la primera sentencia contra los discursos homofóbicos y un juez cuestionó el discriminador artículo 365 del Código Penal.

En el terreno legislativo, el 2016 fue muy fructífero, “algo que no pudo apreciarse dado el estancamiento de la Ley de Identidad de Género y la fijación de sectores progresistas y homofóbicos con el matrimonio igualitario, como si tal norma fuese la panacea de los abusos,”, indica el estudio.

El positivo año legislativo se apreció “en que subieron de 3 a 5  las normas que protegen explícitamente a las personas en razón de su orientación sexual o identidad de género, al ser aprobada la reforma al  Código Laboral y la Ley contra la Tortura”

En el terreno de las políticas públicas hubo transversalidad en materia de cambios pro-igualdad.

El Ministerio de Salud rechazó por primera vez  las terapias de reconversión de la orientación sexual y anuló una pre -reforma que estigmatizada a la población LGBTI al asociarla con enfermedades de transmisión sexual, mientras que en Educación la sumatoria del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia en el Calendario Escolar alcanzó a todas las regiones del país

Por su lado, el Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género incorporó en algunas de sus políticas la realidad de lesbianas, transexuales y bisexuales.  Entre otros puntos, ello se tradujo en que los asesinatos de mujeres en manos de parejas del mismo sexo fuesen incluidos en el listado de femicidios.

En tanto, el Ministerio del Interior se convirtió en el primer ente gubernamental en colaborar con la atención que el movimiento LGBTI brinda a víctimas de la violencia, el Instituto Nacional de la Juventud (Injuv) puso en marcha comisiones regionales contra la homo-transfobia, la Dirección del Trabajo extendió a los convivientes civiles del sector privado los cinco días de permiso laboral de los/a  casados/as y el Ministerio de Desarrollo Social dio a conocer los resultados sobre orientación sexual e identidad de género de la Casen.

Por su lado, la municipalidad de Concepción brilló al aprobar una Ordenanza contra la Discriminación y al convertirse en la primera comuna del país en iluminarse con los colores de arcoíris.

Todo fue coronado con la iluminación del Palacio de La Moneda con los colores de la bandera de la diversidad, convirtiéndose en la segunda sede de Gobierno en hacerlo, tras la Casa Blanca.

Contradicciones en el mundo uniformado y cambios socioculturales.

Contradictorias fueron las señales de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad en  2016.

Por un lado, un carabinero. Hugo Alcalde, hizo historia al convertirse en el primer uniformado en contraer la unión civil con su pareja, hecho incluso destacado por el Alto Mando. Sin embargo, reaparecieron las denuncias por discriminación policial y el propio Alcalde fue víctima de un montaje homofóbico, mientras que por primera vez un soldado en el ejercicio de su cargo denunció discriminación por su orientación sexual. Lo mismo ocurrió con una carabinera, una policía civil y un miembro de la Armada.

La nota más cruda y nefasta la puso Gendarmería al registrarse continuos abusos contra la población LGBTI, lo que significó el más grave retroceso de una institución pública en materia antidiscriminatoria.

Por último, a nivel sociocultural y político hubo cambios transversales durante el 2016.

La ANFP firmó el primer convenio para enfrentar la homofobia, la transfobia y otras formas de discriminación en el fútbol, mientras la CUT se refirió por primera vez a los derechos LGBTI en su discurso del 1 de mayo.

Lo anterior,  sumado a la incorporación de transexuales y transformistas en  certámenes de belleza o simpatía, reflejan una sensibilización transversal y profunda sobre la no discriminación.

Igual situación ocurrió en la política cuando tres diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Marisol Turres, Joaquín Lavín y Felipe De Mussy, se pronunciaron a favor del matrimonio igualitario.

El Movimiento LGBTI, en tanto, continuó consolidándose. Al cumplir 25 años de lucha sistemática sacó más de 200 mil personas a las calles en diversas movilizaciones, entre esas la Primera Corrida por la Diversidad Familiar, al tiempo que intensificó la descentralización regional de sus actividades, llegando por primera vez a algunas zonas del país, como Tierra del Fuego.