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Navarro: “La maraña de cables en la ciudad no solo la afean, sino que son también un riesgo y un peligro vital contra las personas”


 

El presidente de la comisión de Transporte y Telecomunicaciones, senador Alejandro Navarro, junto con informar de la aprobación en general del proyecto de ley que busca regular el tendido de cables aéreos, señaló que urge la necesidad de que las empresarias concesionarias de electricidad, telefonía o internet se hagan cargo de los desechos y basuras cuando estas dejan de funcionar en los distintos sectores poblacionales.

“La maraña de cables en la ciudad no solo la afean, sino que son también un riesgo y un peligro vital contra las personas”, enfatizó Navarro, precisando que es urgente que los Municipios tengan la facultad para retirar basura aérea, cableado de electricidad, de telefonía o de internet que hayan dejado de prestar utilidad.

“La situación de la basura aérea, el cableado eléctrico de telecomunicaciones, internet en algunos casos provoca graves riesgos para las personas y también para los bienes públicos y privados. Las empresas no tienen ningún incentivo para retirar este cableado aéreo y sin uso. El proyecto busca justamente facultar a los municipios para que en caso que las empresas no retiren, la municipalidad lo haga con cobro a la empresa responsable”, aseveró.

A su juicio “está claro que el tema de fondo es soterrar el cableado en las ciudades. Ya se viene la tecnología 5G que usa un espacio electromagnético que va a tener como obligación el soterramiento. Las empresas eléctricas son propietarias de los postes, esto es raro porque los postes son financiados con recursos públicos. Por lo tanto, el debate de fondo es qué hacemos para eliminar los cables aéreos en las ciudades”.

Agregó que “hoy debemos concentrarnos en limpiar la basura aérea y desincentivar que las empresas ignoren esta situación en casos extremos que son toneladas y toneladas de cables”

El parlamentario valoró la exposición del Alcalde de Concepción Álvaro Ortiz, quien detalló las falencias de la normativa como la falta de identificación de los propietarios de cables y el rol que juegan las empresas eléctricas, al ser dueños de los postes.

“El alcalde de Concepción ha informado que el municipio ha retirado esta basura aérea en acuerdo con las empresas, pero es insuficiente. Las empresas tienen la obligación de hacerse cargo de estos desechos y por eso hay que darle más facultades al municipio, entre ellas la posibilidad de multas a beneficio fiscal es un paso adelante. El tema de fondo, como ya dije, es terminar el cable aéreo en nuestras ciudades que constituye en muchos casos, no solo una visión estética o de paisajismo, sino de riesgo a la integridad de las personas y de los bienes”.

“No sólo se trata de un tema de estética, sino de seguridad para los vecinos y peatones de las ciudades. Cuando se caen los árboles se producen cortes en la energía eléctrica o en caso de accidentes cuando un camión choca contra los postes, se provoca gran daño, incluso hay peligro de muerte para el peatón”, señaló el alcalde.

El proyecto de ley que modifica ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones, para regular el tendido de cables aéreos ya fue aprobada por la Cámara de Diputados. La propuesta define que las instalaciones de redes de servicios de telecomunicaciones, tales como líneas, cables, anclajes, tirantes, cajas de control, acometidas y todo otro elemento perteneciente a la red que no se encuentren en funcionamiento deberán ser retirados de la vía pública por los respectivos concesionarios en el plazo de tres meses, desde que hayan dejado de prestar utilidad.

El proyecto establece que, en el caso de incumplimiento de esta disposición, “las municipalidades podrán retirar estos elementos a costa del respectivo concesionario” y su cobro se regirá por el procedimiento establecido la Ley de Rentas Municipales.

Asimismo, se determina que las empresas distribuidoras de energía eléctrica deberán, a solicitud de la municipalidad correspondiente a su área de concesión, informar acerca de los apoyos de servicios de telecomunicaciones, desagregados por empresa, con la finalidad de contar con la información para hacer aplicable lo establecido en el inciso anterior. La infracción será sancionada por el Juez de Policía Local competente con una multa de 100 a 1000 unidades tributarias mensuales a beneficio municipal.